México: “Biopolíticas de seguridad”

Seguridad es un mecanismo de gobierno. No se trata de una serie de políticas puestas en marcha a partir del surgimiento de una situación de inseguridad. Antes del 9/11 en Nueva York,  y de la supuesta guerra contra el narcotráfico en México, los mecanismos de seguridad ya funcionaban. No se trata tampoco de un fenómeno que exprese cierto malestar de la cultura o un deseo que corroe la vida posmoderna, sino de una serie de mecanismos de regulación y modulación cuya función es asegurar el poder. Es por ello que muchos estados contemporáneos ofrecen “seguridad” como el misterio resuelto de la cohesión social y de la legitimidad gubernamental. Los mecanismos de seguridad son marcos de integración, estructuras a las que las implicaciones sociales y culturales, así como los estratos urbanísticos y geográficos, deben subordinarse. Algunos de ellos tienen una modalidad biopolítica: buscan  la absorción del medio viviente, de una población, en una estructura instrumental. La cédula de identidad ciudadana que se implantará entre los menores de edad en seis estados de la república es, así, un mecanismo biopolítico de seguridad. Como en las ciudades asfixiadas por el virus del control descritas por Burroughs, en México hay que hacerse de un documento de identidad, de identificación o de comprobación para todo: acta de nacimiento, cartilla de vacunación, licencia para conducir, cartilla del servicio militar, credencial para votar, cédula de identificación fiscal (rfc), clave única de registro de población (curp), cédula profesional, acta de matrimonio, pasaporte, credencial de senectud,  más sus avatares electrónicos como la firma electrónica avanzada (Fiel) del sistema tributario (en donde ya se incorpora la captura del iris a las personas físicas; no así a los magnates que detentan las grandes empresas del país). Y en este mosaico de papel, plásticos y bites las funciones se traslapan, redundan entre sí, se conectan o no con otros dispositivos informáticos y de tecnovigilancia, son inteligentes y en constante adaptación o pasivas y unidireccionales, se empotran en sistemas de identificación, monitoreo o seguimiento y contienen indicadores biométricos, abren o cierran puertas, cuentas, bancos de información. Hay hibridaciones perversas: la credencial para votar, ¡es el documento oficial para cobrar un cheque y para pasar un control en el aeropuerto o en las carreteras! (Si hiciéramos la genealogía de esta credencial entenderíamos por qué la democracia mexicana no tiene un respaldo ciudadano real y por qué cuesta tanto dinero fabricar una apariencia. O tendríamos que reconocer que la democracia mexicana es tan saludable y madura que el Instituto Federal Electoral se ha convertido en un verificador de credenciales; por eso ha solicitado a la Asociación de Bancos de México que no acepte las credenciales con terminación 03 como identificaciones válidas para las operaciones bancarias).

Alain Corbain y Michelle Perrot han mostrado que en el proceso de acentuación y difusión de la identidad individual, en el siglo XIX, se afinaron también los procedimientos de identificación de los individuos y el control social. Así se inició la historia de la pesquisa de las singularidades individuales, y las instituciones policiales fueron los laboratorios en los que se elaboraron muchas de las técnicas que se generalizaron después en otros campos. En 1876 la policía francesa comienza a usar la fotografía y en 1882 adopta el método de filiación antropométrica establecido por Bertillon (configuración del cráneo, distancia de los ojos, forma de la nariz, entre otros). Para los inicios del siglo XX, los procedimientos de identificación diseñados para delincuentes y criminales desbordan el marco penitenciario y empiezan a generalizarse a toda la población en la forma de un “carné de identidad”: apellido, nombre, fecha y lugar de nacimiento, de filiación, señas personales, huellas y la foto del individuo. Sería muy ilustrador hacer el recorrido histórico de los documentos de identidad, identificación y control, pero éste no es el lugar para ello. Algunos de los dispositivos de control e identificación contemporáneos no sólo buscan fijar una identidad -el imperativo categórico de una condición permanente. Empotrados en sistemas multidimensionales, son instrumentos de modulación y sincronización de las subjetividades, dispositivos biotecnológicos que vigilan estados de cuenta bancarios, compras, viajes; que monitorean frecuencias y preferencias; que acumulan, dan seguimiento, y analizan datos con el fin de perfilar probabilidades y patrones de conducta; que gestionan y rentabilizan esos perfiles y esos patrones. A manera de ejemplo: los bancos de datos de los grandes almacenes y de las tarjetas bancarias, adjudican mecanismos preferentes, membresías, configuran información y productos, impulsan y modulan patrones de consumo y realización capitalista. Responden a líneas de interés y necesidades creadas. La explotación y análisis de una base de datos con información biométrica gestionada por el Estado seguramente conllevará otras aplicaciones. Sobre todo cuando se conoce cómo se han utilizado para los fines más aviesos.

Crónica/Puesta en escena

Uno. El 28 de junio del 2009 el Ejecutivo anuncia la expedición de la cédula de identidad ciudadana (CEDI). Sus principales preocupaciones se concentraron en establecer un mecanismo que garantizara la recolección y manejo de la base de datos, así como elementos vinculados a la privacidad de los ciudadanos. Durante los siguientes meses, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) se reúne con los partidos políticos para exponerles los alcances de la CEDI, pero no existen pronunciamientos públicos ni posicionamientos. Durante el mes de diciembre los diputados federales de las oposiciones congelan la cédula de identidad ya que, argumentan, “atenta contra la seguridad, viola los derechos humanos y se constituye como un instrumento de un gobierno policiaco”. Al día siguiente, Gobernación analiza aplazar la cédula de identidad a partir del exhorto del Congreso y detiene el proceso hasta marzo del 2010.

De forma paralela, los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) se reúnen los últimos días del 2009 para definir el papel de la CEDI en relación con los temas de carácter electoral. Durante la primera quincena del 2010, el IFE dice “No” abiertamente a la CEDI como sustituta de la credencial para votar.

Como resultado, en los primeros días de Enero del 2010, la SEGOB y el IFE establecen una serie de mesas de negociación (¿por qué solamente ellos?) y acuerdan en menos de cinco días registrar las huellas dactilares e iris de los electores en la credencial de elector, incorporando la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica para cumplir con los elementos establecidos por el Ejecutivo, y mantenerla como credencial de identidad. Así mismo, se acuerda que la credencial de elector se fusiona con la CEDI y que el IFE será la única instancia emisora de dicho documento. El Presidente del IFE señala que la cédula de identidad se implantará en el segundo semestre del 2010, así como la conveniencia de conformar un Instituto de Identidad (¿?). Por su parte la SEGOB señala que se iniciará un programa de expedición de la CEDI para menores de 18 años y los residentes en el extranjero, mientras que para el resto de la población no se expedirá sino que solo se añadirá información biométrica a la actual credencial para votar.

Dos. Una semana después a los anuncios del IFE y de Gobernación, el Congreso demanda ser incluido en los debates sobre la nueva credencial. Los partidos de oposición señalan que el principal problema es el traslado de la información que maneja el órgano electoral a una dependencia federal, lo que constituiría “un grave retroceso en su independencia frente al Ejecutivo”.  El 3 de marzo el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de oposición, exhorta desde el Congreso a suspender cualquier convenio destinado a desarrollar la cédula de identidad. El Partido Acción Nacional (en el poder) intenta frenar la iniciativa. La SEGOB detiene nuevamente el proceso.

El IFE se suma a las oposiciones, empujando al proyecto a un impasse. Las autoridades del IFE señalan que la iniciativa queda en “stand by pero que no está sepultada”. La SEGOB insiste en la emisión de cédula de identidad, y se declara dispuesta a dialogar con el Congreso, el IFE e incluso incorporar al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) con quien promoverá la debida protección de datos personales que conformarán el Servicio Nacional de Identificación Nacional (¿?). El Senado señala que la cédula de identidad vulnera la autonomía del IFE.

Intermedio financiero. El costo de la implantación de la cédula de identidad se acerca a los 3,500 millones de pesos (unos 300 millones de dólares) para emitir más de 105 millones de micas y generar los mecanismos para conformar y operar la base de datos. Segunda quincena de noviembre del 2009: se realiza la primera adjudicación de equipos para recabar datos biométricos a la empresa holandesa Smartmatic International Holding BV, que es impugnada por sus competidores por considerar que dicha empresa se encuentra vinculada a fraudes de carácter electoral –como en el caso de Venezuela. En paralelo, corre el segundo componente de la licitación mixta internacional, cuyos resultados han sido aplazados en cinco ocasiones. Finalmente, el 19 de diciembre el consorcio formado por la empresa mexicana Axtel y Unysis (de origen norteamericano) ganan el concurso para crear el software que almacenará las bases de datos con los biométricos y crear el Registro Nacional Ciudadano (RENAPO). El valor de la adquisición es de 655 millones de pesos (55 millones de dólares) y se instalará físicamente en la SEGOB, quien será responsable de su resguardo. Algunos senadores señalan que los servidores que contendrán la base de datos serán ubicados en los sótanos de dicha Secretaría. Jeremy Kirk rastreó la investigación que el FBI había iniciado contra Unysis por fallas de seguridad cibernética que permitieron que los datos contenidos en un contrato con el Departamento de Seguridad Nacional en Estados Unidos llegaran a servidores de China.

Tres. Enero 12 del 2011: las presiones continentales por la seguridad en México se incrementan como resultado de la ola de violencia que azota a Acapulco y Chihuahua. Durante los “Diálogos por la Seguridad. Hacia una Política de Estado”, el Secretario de Gobernación respaldado por Calderón lanza de nueva cuenta la cédula de identidad ciudadana. En esta ocasión, se explica que será instrumentada en la población de entre 4 y 17 años de edad, y solamente en seis entidades federativas (Baja California, Colima, Chiapas, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León). Se publica en todos los diarios de circulación nacional el documento generado hace un año: “el ABC de la CEDI”, y “Las ventajas de la CEDI”. El Partido Verde se declara en contra porque se “violan los derechos humanos de los niños”, mientras la representante de la UNICEF en México señala que “es un gran adelanto para que los niños en México cuenten con identidad y eventualmente se reduzca la trata de menores”. Al día siguiente, el subsecretario de Población anuncia que se lanzará esta prueba piloto, para posteriormente incorporar a los ciudadanos mayores de 18 años. El mismo día los Consejeros del IFE califican esta medida como “un despropósito y un atentado a la democracia…porque afectará al padrón electoral en próximas elecciones”.

Ha pasado un año y la estrategia de venta de la CEDI por parte del Ejecutivo se encuentra en el mismo punto de partida. Los movimientos semejan un juego de pantallas en donde los actores conocen sus líneas y papeles a la perfección. Los espectadores –los ciudadanos- pasivos a la espera del desenlace.

WikiLeaks de la CEDI

Dentro de las ventajas que se señalaron en un comunicado emitido por SEGOB para instrumentar la CEDI, sobresale la que asegura que “se reconocerá fehacientemente la identidad y se protegerá la confidencialidad de los datos personales”. Esto quiere decir, en sentido estricto, que ninguno de los documentos de identidad generados por el Estado Mexicano certifica la identidad de los ciudadanos, incluida la credencial de elector. Por otra parte, ¿quién garantizará en esta ocasión una correcta administración de la base de datos? Sobre todo después de los fracasos del Registro Nacional de Vehículo (RENAVE), del registro de celulares (RENAUT), y el conocimiento de que dichas bases, así como la del padrón electoral del IFE, se encuentran disponibles para la venta a particulares, empresas y gobiernos extranjeros. Así mismo, en el citado documento se señala que “se evitarán la discriminación y las duplicidades en el otorgamiento de los beneficios sociales a la población”, estableciendo la máxima de que es posible distinguir por las huellas dactilares o el iris la condición racial y económica de los beneficiarios.

El problema de la inseguridad en México no se va a resolver con la cédula de identidad, pese a que se encuentra claramente enmarcada dentro de una reforma jurídica y una estructura operativa policiaca. Con la CEDI se violan las libertades públicas y se refuerza la intrusión en los cuerpos. Múltiples estudios realizados en Europa dan cuenta del alcance de estos dispositivos de hipervigilancia y control ciudadano. Sobresale el documento “Evaluación de las tecnologías de control político”, preparado por la Fundación Omega de Manchester, que fue presentado al grupo STOA y a la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos del Interior del Parlamento Europeo. Resaltan las preocupaciones en torno a la violación de las libertades públicas, la seguridad de las bases de datos, su utilización con fines de intromisión pública en asuntos privados y el establecimiento de principios policiacos de vigilancia y control por parte de los gobiernos (tanto a nivel nacional, supranacional e incluso extranjero). Cabe señalar que como resultado de estos estudios y de la resistencia ciudadana en Europa, los avances en materia de identificación biométrica han sido marginales (salvo en el caso del Reino Unido, en donde ya se instrumenta la lectura del iris como mecanismo de identidad sustituto del pasaporte). La tecnología adquirida por el gobierno mexicano es extranjera, pero los gobiernos (Holanda, Estados Unidos, Francia) no la utilizan en sus instrumentos de identidad. Por tanto, no es un tema de disponibilidad tecnológica ni de presupuesto, sino de política pública y manifestación ciudadana. Por su parte, y en contra sentido, el esfuerzo del gobierno mexicano se ha centrado en la generación de un documento denominado “Manifiesto de Impacto a la Privacidad” que fue enviado al IFAI durante el mes de abril del 2009, así como a una campaña mediática expansiva. Se apuesta a la inmovilidad de los mexicanos.

Una segunda franja cruza el debate en torno a la CEDI: el tema electoral se constituye como el centro de la discusión tanto para el IFE como para los partidos políticos. Para ellos no es un asunto de intromisión a los cuerpos ni de libertades públicas. Es un tema de aritmética simple. Antes del 1 de julio de 2012, de acuerdo a proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), 8.5 millones de jóvenes habrán cumplido entre 18 y 20 años, propiciando su primera participación electoral. A la misma población objetivo que se encuentra marginada de las posibilidades de educación y empleo, ahora se les estereotipa aún más con la implantación de la cédula como conejillos de indias. El padrón electoral durante el 2010 se ubicaba en el orden de los 81.5 millones de electores con una lista nominal de 73.8 millones de votantes. Por lo tanto, si se instrumenta la CEDI y no se define con claridad si se fusiona o no con la credencial de elector, un posible escenario es que el 10.5% del padrón electoral se encuentre en una situación de incertidumbre respecto al ejercicio del voto. Es un porcentaje que permitiría a cualquier partido político garantizar el triunfo en una elección presidencial.

En conclusión, la cédula de identidad ciudadana es un instrumento que lejos de tener ventajas está diseñado para el control y la restricción de las libertades públicas. La cédula va más allá de los mecanismos de identificación ya que considera la incorporación, administración, exploración, gestión, sincronización y rentabilidad de datos biométricos. Lo que está en juego no es únicamente la privacidad. Estamos viendo el surgimiento de una nueva lógica en los parámetros de identificación; parámetros que están asociados a índices biométricos como el iris o el ADN. No sólo son la marca de una intrusión a los cuerpos, sino que desde su recolección, los Estados aspiran a generar biopolíticas de modulación y control. Es claro que la exploración de las bases de datos no se da en un ámbito neutral: se instrumentan en una lógica de ajuste de las políticas públicas con el objetivo de  modular y controlar.

La cédula de identidad ciudadana ejemplifica el tránsito de la moral de estado civil que regía nuestra documentación al biopoder.  En México, se inscribe como instrumento del programa del gobierno para garantizar el control, estableciendo con todos los medios posibles dispositivos orientados a justificar la guerra desatada contra el narcotráfico, mecanismo de legitimación de la actual administración. Si para una identificación más “plena” se requiere de una fuerza intrusiva que modula las subjetividades, si la información contenida en las bases de datos será “gestionada” por el gobierno, si en los jóvenes se realizarán los primeros experimentos de control, ¡preferimos el anonimato!

Segunda semana de Enero, 2011

Sobre Salvador Gallardo Cabrera

Nació en Aguascalientes, en 1963. Estudió filosofía en la UNAM. En 1983 obtuvo el premio nacional de poesía joven. Ha publicado: Sublunar (poesía, JGH editores, 1997); Las máximas políticas del mar (ensayo, Vértice, 1998). Colabora permanentemente en la Revista de la Universidad de México, así como en suplementos literarios de México y el extranjero. Es editor de la colección de ensayo Trayectos y devenires. Libros del Umbral publicará en breve Sobre la tierra no hay medida –una morfología de los espacios.